Regularán la situación de los profesores tutores de la UNED

Esta iniciativa de Izquierda Unida es una propuesta de pronunciamiento con la que instan al Gobierno de España a que proceda a la regulación “urgente” del profesor tutor como figura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con todos los derechos laborales que ello implica.

El encargado de defender la iniciativa de IU ha sido su diputado, Víctor Casco, quien ha explicado que la UNED cuenta con 200.000 alumnos y 7.000 docentes como profesores tutores, “que trabajan conforme a un decreto de 1985, donde se les considera equiparados a los becarios de docencia e investigación de las fundaciones; pero como el decreto es del 85, ni siquiera se les ha aplicado la mejora de condiciones de los becarios actuales, de tal forma, que están trabajando en la UNED como profesores tutores sin cotizar a la seguridad social y sin ningún tipo de contrato por las horas que realizan”.

Casco ha asegurado que cuando leyó las condiciones en la que trabajan estos docentes, gracias a una plataforma que los aglutina y que se puso en contacto con IU, “pude hablar con ellos y conocer de cerca su situación, me llevé las manos a la cabeza”.

Izquierda Unida considera que estas circunstancias no se pueden mantener y “hay que regular esto”, añade su diputado, por eso “pedimos que el Gobierno de España extienda una legislación específica, sustituyendo ese decreto de 1985, adaptándolo a las condiciones actuales, viendo quiénes son esos profesores tutores, si tienen trabajo exclusivo en la UNED o vienen de la enseñanza secundaria, que se regule en todo caso cómo cotizan a la Seguridad Social, de qué manera, etc.”

En definitiva, según Víctor Casco, “que se les dote de unos mínimos derechos laborales, porque es una exigencia lógica y comprensible por parte de estas personas”.

Casco ha aclarado que esta propuesta se dirige al Gobierno de la Nación porque “la UNED, junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, son las únicas universidades que dependen jurídicamente del Ministerio de Educación y porque la única institución que tiene competencias en materia laboral para las personas que están en esas universidades es el Gobierno de España”.