Trabajadores de Canal Extremadura piden nueva ley para la CEXMA

El Comité de Empresa ha mantenido una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para trasladarles la necesidad de que la reforma incluya algunas de sus propuestas, “que protejan al servicio público informativo ante la privatización y garantice unos medios públicos plurales e independientes”.

Desde el Comité manifiestan que “Los profesionales de los medios públicos autonómicos apostamos por una mayor definición del modelo de radiotelevisión pública regional, para lo cual creemos que es necesaria una reforma de la Ley del ente público”.

Añaden que “La actual Ley de la CEXMA se ha demostrado insuficiente para garantizar unos medios públicos acordes a los cometidos para los que se conciben como servicio público esencial y creados para satisfacer un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la información, un derecho que representa un pilar básico de una sociedad democrática”… “Por tanto, corresponde a los poderes públicos habilitar los mecanismos que garanticen los derechos de los ciudadanos extremeños”. Por ello, reclaman una ley que proteja al servicio público informativo ante la privatización, potencie la producción propia y garantice la independencia.

Recientemente han consumado dos huelgas, apoyadas por asociaciones de prensa y sindicatos, cuyos motivos podrían haber no existido de contar con una legislación que garantice verdaderamente la independencia, veracidad y objetividad informativa y la gestión pública del servicio público esencial, que es el servicio informativo.

Además, pretenden que Canal Extremadura sirva como dinamizador de una industria audiovisual que, mediante cuotas de programación, ofrezca empleo de calidad a los profesionales del sector.

“Los profesionales de Canal Extremadura mostramos nuestro rechazo al modelo de gestión de la radiotelevisión pública regional, que desde sus inicios ha venido privatizando una parte de los informativos de la televisión. Una situación que aleja a los medios públicos regionales de un modelo cuyo objetivo es poner los recursos de todos al servicio de la ciudadanía”.

INTERESES POLÍTICOS

Del mismo modo rechazan unos medios que sirvan a intereses partidistas, siendo el servicio público el único interés al que deben servir los medios públicos regionales. “La idea de que los medios públicos fomentan una gestión orientada a fines comerciales y sirven a intereses políticos produce rechazo en la sociedad”, subrayan; y añaden “que los percibe como herramienta para repartir el dinero de los ciudadanos entre empresas privadas y favorecer intereses partidistas. Es necesario que los extremeños perciban que lo de todos no se utiliza en beneficio de unos pocos”.

La esencialidad del servicio ha de quedar bajo la gestión pública como garantía de cumplimiento de los derechos constitucionales. Estos mismos derechos son los que motivan la necesidad de articular mecanismos orientados a garantizar los principios de veracidad e imparcialidad de las informaciones. Y para que los criterios profesionales sean un pilar básico de la gestión del ente público, los profesionales han de tener un protagonismo en la propia gestión y en la toma de decisiones. Estas líneas básicas, junto con la presencia de los trabajadores en el consejo de administración, “son las que entendemos como imprescindibles para garantizar que la reforma de la Ley suponga hacer de los medios públicos un verdadero patrimonio de la sociedad y de la democracia”.

Por todo ello, han reclamado a los 4 grupos parlamentarios una reforma legislativa que recoja estos principios “esperando” que se llegue a un consenso entre las fuerzas políticas y puedan aprobar una reforma de la ley de la CEXMA apoyada por todo el arco parlamentario.