AUGC asegura que hay riesgo de seguridad en el traslado de presos en Badajoz

Hace unos meses, el vocal de AUGC en el Núcleo de Servicios de Badajoz, unidad de la Guardia Civil que se encarga de realizar las conducciones de presos en esta provincia, tramitó una queja al Defensor del Pueblo poniendo de manifiesto lo que entendía como una deficiente organización de la conducción de una interna desde el centro penitenciario de Badajoz al de Aranjuez, al producirse determinados riesgos de seguridad.

Ante esa queja, dicha institución ha emitido una resolución recomendando que “se comuniquen las conducciones de las personas privadas de libertad al organismo que deba ejecutarlas con la suficiente antelación, a fin de conseguir una adecuada organización de los servicios que permita el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre la conveniencia del acompañamiento de las personas conducidas por profesionales de su mismo sexo”.

Por otro lado, indican que un interno formuló otra queja porque para ser trasladado desde la prisión de Huelva hasta la de Sevilla –trayecto que no alcanza los 100 kilómetros–, fue desplazado de Huelva a Badajoz, de allí a Madrid, posteriormente a Jaén y finalmente a Sevilla, habiendo pasado por tres centros penitenciarios intermedios y recorriendo más de 1.000 kilómetros.

En relación con esa queja, el Defensor del Pueblo ha emitido otra resolución recomendando que “se revisen los protocolos seguidos y los criterios valorados en los traslados de personas privadas de libertad entre centros penitenciarios, llevando a cabo una actualización de las líneas de conducción para tratar de evitar desplazamientos innecesarios y para conseguir el objetivo de optimizar los recursos materiales y humanos disponibles”.

AUGC valora positivamente que el Defensor del Pueblo haya emitido esas recomendaciones, porque esta asociación lleva muchos años reclamando que Interior modifique el protocolo sobre conducción y custodia de internos de centros penitenciarios, al objeto de que se ajuste a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual "no ocurre ahora, y ello conlleva que cada año se anulen miles de consultas o asistencias médicas de internos por carecer de agentes suficientes, al tener que encargarse la Guardia Civil no solo de trasladarlos, sino también de custodiarlos durante horas en hospitales y consultas que son competencia de la Policía Nacional".

Esa situación, asegura la asociación, "genera la vulneración de los derechos de las personas presas y expone a los guardias civiles a unos riesgos de seguridad que no les corresponde asumir".