Un madrileño investigado por el incendio forestal que afectó a 1.100 ha en Burguillos del Cerro
27 de Agosto de 2025
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha instruido diligencias a un vecino madrileño, como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (incendio forestal intencionado).
La Guardia Civil investigaba desde el pasado 14 de agosto el incendio forestal que se originó en el paraje conocido por “La Sierra de Curuviejo” dentro del término municipal Burguillano, que afectó a una extensión de 1.100 hectáreas de vegetación forestal de monte bajo y arbolado. Incendio que se propagó lentamente hacia Salvatierra de los Barros.
A pesar de que fue controlado en la mañana del día siguiente, se reactivó y hubo que realizar nuevamente tareas de extinción con medios aéreos y terrestres.
En la extinción total del mismo, participaron dos helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones, motobombas, bomberos, Agente del Medio Ambiente, Protección Civil, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil.
La colaboración ciudadana fue esencial para la investigación desarrollada por el Equipo de SEPRONA de la Guardia Civil de Badajoz y la Patrulla de Fuente de Cantos, que reunió las suficientes pruebas tanto de las muestras recogidas durante la inspección pericial como de las manifestaciones obtenidas, para poder determinar que el origen de los incendios fue intencionado, supuestamente por la aplicación directa de llama.
Pesquisas con las que se pudo averiguar la implicación de un vecino de Mejorada del Campo (Madrid), quien aprovechó sus vacaciones en la población extremeña para cometer la acción delictiva, desconociendo hasta el momento las motivaciones que supuestamente tuvo esta persona para provocar el incendio.
Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (incendio forestal intencionado), que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra.
El ahora investigado se puede enfrentar a penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.
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