Hasta 600.000 euros de multa a quienes no cumplan la norma de la uva/aceituna

El Decreto sobre la trazabilidad de las uvas y aceitunas sin transformar aprobado el pasado 21 de octubre, recoge el 90 por ciento de las alegaciones y peticiones trasladadas por Apag Extremadura Asaja a la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.

Así lo ha reflejado hoy el presidente de esta organización agraria, Juan Metidieri, tras un exhaustivo estudio de la norma con la que se controlarán los robos en el campo extremeño y garantizar la seguridad alimentaria.

Metidieri ha subrayado la “sencillez y claridad” de este documento que, en su opinión, “va a ser práctico y positivo” para los agricultores dedicados a la uva y aceituna, producciones donde se concentra, sobre todo, el problema de robos en explotaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma.

Este documento da luz verde a importantes requisitos, si bien considera que la norma es un poco “laxa” en el control de los puestos de compra en las exigencias documentales. En este sentido, ha matizado que el anteproyecto “era mucho más exigente a la hora de solicitar más requisitos para poder crear u ostentar la titularidad de uno de estos puestos”.

Entre los puntos a los que ha hecho referencia el presidente de esta organización destaca que dicha normativa “sólo va a ser aplicable a la uva y aceituna, cuando en un principio iba a abarcar cualquier producto agrario”.

Asimismo, ha puesto el acento en que el Decreto publicado fija una carga mínima de uva y aceituna para tener que cumplir los requisitos que establece en su articulado. En concreto, ese límite son 25 kilos, de tal forma que si una persona transporta más de esa cantidad de aceitunas y uvas sin transformar desde la explotación agrícola hasta el primer establecimiento, deberá cumplir al dictado esta normativa si quiere evitar las sanciones económicas estipuladas en la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria.

Sobre este punto, ha hecho referencia a las sanciones para quienes no cumplan las obligaciones de esta nueva norma, operadores y/o transportistas, que ascenderán de los 20.000 a los 600.000 euros.

De igual manera, ha resaltado la importancia que supone el establecimiento de fechas de finalización de las campañas de uva (15 de octubre) y para la aceituna (1 de marzo).

Por último, el presidente de Apag Extremadura Asaja ha recalcado la coordinación y colaboración solicitada desde el nuevo Decreto para que todos los agentes implicados -ayuntamientos, organizaciones y cooperativas agrarias, guarderías rurales y la propia Delegación de Gobierno en Extremadura- luchen contra los robos.