18 noviembre 2017
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USO: "La Junta vuelve a tratar a los vigilantes de Seguridad Privada como mercancía"

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) denuncia otra nueva adjudicación de un concurso público en Extremadura a una empresa “que no cumple con el convenio colectivo estatal y donde se hace una rebaja de sus condiciones económicas de un 40% a los vigilantes de seguridad que desarrollan su trabajo en las instalaciones del Jardín del Sauce en Cáceres”.

La empresa adjudicataria del servicio ha sido Sinergias de Seguridad, y los trabajadores ya están con “temor y miedo”, conocedores de que su salario “puede pasar de 1122 a 690 euros”.

Desde la FTSP-USO de Extremadura ponen de manifiesto una vez más “cómo a los trabajadores de Seguridad Privada se nos trata como mera mercancía, vendiéndonos al precio y siendo siempre los pagadores en forma de recortes de derechos económicos y laborales, poniendo en peligro nuestras ya maltrechas economías”.

No es una situación nueva, “tristemente” hace poco desde la USO de Extremadura “ya tuvimos que salir a denunciar otra adjudicación a la citada empresa en otro centro de la Junta de Extremadura, que por suerte al final no resultó como adjudicación definitiva”.

Desde la FTSP-USO de Extremadura exigen a la Junta una solución al problema, “ya que no deben seguir permitiendo que quien trabaje para la Administración, lo haga por adjudicación pública a una empresa que no respeta los derechos de los trabajadores”.

MENSAJE A VARA

Recuerdan a Fernández Vara la obligatoriedad de incluir cláusulas sociales en las adjudicaciones públicas, “que de poco o nada están sirviendo, ya que en el caso del Centro de Acogida de Menores ‘Jardín del Sauce’ de Cáceres, lo primero que hace la empresa adjudicataria del centro es rebajar las condiciones económicas y laborales de los vigilantes de seguridad que allí trabajan”.

USO-Extremadura pide a la Junta de Extremadura que reconsidere este tipo de adjudicaciones y las anule. “No es de recibo que de las licitaciones que pagamos los extremeños con nuestros impuestos se beneficien empresas que no respetan los derechos de los trabajadores”, sentencian.



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