Se oponen al proyecto de la tirolina más larga de Extremadura por su impacto ambiental

El proyecto para instalar la tirolina más larga de Extremadura, con más de 600 metros de recorrido y ubicada en la sierra Grande de Hornachos, continúa generando polémica por su posible impacto ambiental.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) ha manifestado su preocupación por este proyecto que "supone una alteración evidente del medio natural en una zona declarada Red Natura 2000", destacando que "parte del recorrido afectaría a zonas clasificadas como de Interés Prioritario (ZIP) que albergan comunidades de aves rupícolas y hábitats protegidos".

A juicio de ADENEX, la instalación de una tirolina con anclajes permanentes y tránsito continuo "contradice frontalmente la normativa", ya que "el  propio Plan de Gestión de este espacio prohíbe expresamente en estos enclaves la construcción de nuevas infraestructuras y limita las actividades recreativas como puede ser la escalada".

El punto más crítico para la asociación es el posible impacto sobre especies protegidas como el águila perdicera, el águila real o el alimoche común, "todas ellas presentes en la zona", debido a que "la colocación de cables a lo largo de 680 metros supone un riesgo de colisión, además de generar molestias continuas por ruido y presencia humana".

Otro de los puntos que preocupan a la organización es la posible afección al hábitat de interés prioritario que alberga comunidades de flora protegida y recogidas en la categoría de vulnerable. "El proyecto prevé perforaciones en la roca para instalar anclajes, así como desbroces para habilitar plataformas, actuaciones que se entienden incompatibles con la conservación de un hábitat considerado clave en el espacio protegido", señalan.

 En definitiva, ADENEX considera que el proyecto para instalar esta tirolina "vulnera el principio de cautela que rige en la Red Natura 2000, al no poder garantizarse que no habrá efectos significativos sobre los valores protegidos", además de no encajar en el principio europeo de 'no causar perjuicio significativo al medioambiente', "obligatorio para actuaciones financiadas con fondos Next Generation".

Por todo ello, la organización medioambiental exige que "se deniegue la autorización del proyecto en su ubicación actual y, como alternativa, plantea su reubicación fuera de las zonas más sensibles".