La Diputación de Badajoz presume de cuentas saneadas

La Diputación de Badajoz acabó el año 2017 sin deuda financiera, con un superávit de 29 millones de euros con un remanente líquido en tesorería, dinero contante y sonante, de 73,8 millones, y con un retraso medio de pago de cero días en el pago a proveedores.

Manuel Borrego, diputado delegado de Economía, ha presentado los datos correspondientes a la liquidación del Presupuesto de la institución del año 2017.

Borrego ha querido destacar que la Diputación tiene un estado de salud económico óptimo, con unas cuentas saneadas gracias a una buena gestión que, según el diputado, está basada en la eficacia, en la eficiencia y en la transparencia. El diputado presume de haber llegado al 31 de diciembre del 2017 sin deuda financiera, hecho que, asegura, no había ocurrido hasta ahora en la historia de la Diputación de Badajoz, a pesar de haber empezado el mandato, en el año 2015, con una duda financiera de 18 millones de euros que ya está totalmente cancelada.

En el acto, el diputado responsable de la ejecución presupuestaria ha criticado al Gobierno por no permitir que las corporaciones locales, incluidas las diputaciones, gasten más dinero público.

Uno de los datos que se ha dado es que el grado de ejecución presupuestaria en la diputación provincial de Badajoz es del 86%, lo cual indica una ejecución casi plena de los recursos económicos de la institución. Borrego asegura que hubiera sido del 100% si no fuera por la regla de gastos impuesta por la Administración central, la cual impide invertir dinero del superávit y del remanente en áreas que lo necesitan.

PROVEEDORES

También destaca la Diputación por la rapidez con la que paga a sus proveedores. Desde el año 2015 ha pasado de pagar, por término medio, en un plazo 20 días a hacerlo al instante, con 0 días de carencia, lo cual demuestra un compromiso de la institución con respecto a sus proveedores, además del pleno cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, afirma el diputado.

La ley obliga a destinar los fondos del superávit y del remanente a atender obligaciones contabilizadas a fecha del 31 de diciembre, a amortizar la deuda existente y a cumplir los plazos legales en el pago a proveedores. Además de estas limitaciones, el diputado critica que el Gobierno solo permite invertir el superávit en acciones financieramente sostenibles incluidas en un catálogo que no se ajusta a las necesidades reales.

Por ello, el diputado exige al Gobierno de España que las instituciones saneadas, como es el caso de la Diputación de Badajoz, puedan poner en circulación el superávit y los remanentes para utilizarlos en políticas que generen empleo y crecimiento económico.