Los Graduados Sociales gritan: “Basta ya”

COMUNICADO

El colectivo de Graduados Sociales de Badajoz, representado por todos y cada uno de los profesionales que integramos el mismo, queremos alzar la voz ante el injusto e inmerecido tratamiento que venimos recibiendo de las distintas Administraciones con las que habitualmente nos relacionamos.

Haciendo memoria, afirman que fueron los primeros a los que, con nombre y apellidos y por Resolución de la Dirección General, se nos obligó a relacionarnos con la T.G.S.S. por medios electrónicos a través del Sistema Red allá por el año 2003. Desde entonces y hasta la fecha muchos han sido los requerimientos que, “los que manejan el B.O.E.”, nos han hecho para colaborar en la implantación de diversas plataformas telemáticas. A todos ellos hemos respondido siempre con profesionalidad y responsabilidad, aun cuando han supuesto una carga extra de trabajo para nosotros.

El clímax fue la pandemia mundial declarada en marzo de 2020. Ésta tuvo un daño colateral menos visible que sufrimos los profesionales dedicados al asesoramiento jurídico-laboral: el colapso y como consecuencia el caos de la Administración, que volcó sobre nosotros todas sus carencias.

“Fuimos uno de los colectivos junto a sanitarios, transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, periodistas y algunos más, declarados esenciales, pero con la salvedad de que nosotros tuvimos que realizar no ya nuestro trabajo cotidiano -que se vio incrementado de por sí- sino el que esa Administración ausente nos trasladó”.

Se convirtieron, sin quererlo, en protagonistas de excepción de esa otra peste que trajo “el bicho": la zozobra y ansiedad de millones de trabajadores y empresarios que veían peligrar su sustento. “Así, callada y humildemente, trabajamos sin descanso para que los segundos se acogieran a la ayuda por cese de actividad y los primeros cobrasen la prestación extraordinaria por desempleo”.

Todo ello intentando asimilar y aplicar un sinfín de Reales Decretos cuya redacción, por precipitada y abundante, era en la mayoría de los casos imprecisa y confusa. Es en este escenario de inseguridad jurídica y plazos perentorios en el que, la mayoría del tiempo, nos movimos haciendo equilibrios imposibles.

En él una legión de asesores legislaban aquello que, en la soledad de su despacho, un único profesional tenía que estudiar, asimilar, interpretar y aplicar de un día para otro, pues el BOE del domingo noche dejaba obsoleto lo aprendido durante la semana. Y esta situación llevó a muchos de nosotros al borde de una enfermedad igual de mala: el desánimo, antesala de abatimiento, que en el peor de los casos acabó en depresión. Estuvimos casi 2 años sin descanso y el panorama que vino luego no es que fuera mucho mejor. La Administración, que quiere colaboración, pero no colabora con aquellos a las que se lo pide, sigue descargando en las empresas -y por ende en nosotros- un sinfín de tareas que le corresponde a ella.

Las gotas que han colmado el vaso han sido dos: una campaña inspectora fulgurante sobre aquellos ERTES que tramitamos bajo una presión inhumana con instrucciones confusas e imprecisas mientras los funcionarios responsables estaban ilocalizables; y la obligación, también por ley y con un plazo perentorio, de actualizar 2 bases de datos nuevas de la T.G.S.S.: empresas colectivas y la de personas vinculadas a éstas. Ello supone una sobrecarga de trabajo que exige a muchos despachos pequeños tener que contratar a alguien para atender dicho requerimiento o trabajar 24/7, cuando los datos solicitados ya obran en poder de otras Administraciones a las que debería dirigirse la Tesorería y reclamárselos (Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Los graduados sociales estamos cansados, enfadados y aburridos de luchar contra molinos de viento, contra una Administración que cada día está más alejada, no ya del profesional sino del ciudadano en general; y de unos dirigentes a los que se les llena la boca al hablar del derecho de conciliación a la vida laboral y familiar, del derecho a la desconexión digital y de una jornada laboral de 4 días… “cuando nuestro colectivo, como dice la canción, no tiene horario ni fecha en el calendario; cuando lo primero que echamos en las maletas al irnos de vacaciones son nuestros portátiles y cuando no podemos apagar el móvil ni domingos ni festivos. Esta es nuestra denuncia: no ya que nos ayuden a levantarnos, sino que no sigan poniéndonos piedras en el camino”.