Denuncian una posible infracción del SES: podría ser sancionado con hasta 20 M€

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha acordado la apertura de un procedimiento sancionador contra el Servicio Extremeño de Salud (SES) por un presunto incumplimiento del derecho de acceso a datos personales, en concreto, la historia clínica de un menor solicitada por su padre como representante legal.

El expediente tiene su origen en una reclamación que fue presentada el 26 de mayo de 2023, tras no recibir respuesta el solicitante a su petición de acceso a la información médica del menor. "Me daban lo que les daba a ellos la gana", traslada el usuario a 7días.

Dada esta situación, afirma que "me vi en la obligación de enviar un escrito a la AEPD". La Subdirección General de Inspección de Datos estimó la reclamación mediante resolución fechada el 17 de febrero de 2025, al considerar que el SES había vulnerado el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que reconoce el derecho de acceso a los datos personales.

En su resolución, la AEPD instó al SES a responder en un plazo de diez días hábiles, facilitando el acceso a la información requerida o justificando debidamente su negativa. También se le exigió comunicar las actuaciones realizadas a la Agencia.

No obstante, el SES no cumplió con dicho requerimiento, ni con uno posterior. "Les dieron un plazo y no hicieron nada", explica el solicitante de la información. "Entonces les dieron un nuevo plazo, pero se lo volvieron a pasar por el forro".

Esto ha motivado que, el pasado 19 de mayo de 2025, la Presidencia de la AEPD acordara abrir un procedimiento sancionador, por una posible infracción del artículo 58.2 del RGPD, calificada como muy grave según la normativa europea y nacional.

De confirmarse la infracción, el Servicio Extremeño de Salud se expondría a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros.

La AEPD ha recordado que el derecho de acceso a los datos personales, especialmente los relativos a la salud, es fundamental, y su incumplimiento no solo vulnera la ley, sino que afecta gravemente a la transparencia y confianza en los servicios públicos.