Alertan del aumento de contrabando con móviles en prisión: "Necesitamos tecnología de seguridad moderna"

Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno. Entre 2020 y 2024 se han incautado un total 140 terminales en el centro penitenciario Badajoz.

En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 17 fueron requisados en Badajoz, según los datos trasladados por ACAIP-UGT.

Desde la formación sindical pone en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, "a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando".

"Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad", afirman. "El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia".
 

Frente a esta tesitura, señalan que "los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes. Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados". Esto obliga a realizar
requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, "algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros".

Además, han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. "Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros", indican desde ACAIP-UGT.

Frente a este panorama, recalcan la "urgente inversión decidida en tecnología moderna de seguridad". En este sentido, apuntan que "los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones".

"La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción", indican, a lo que añaden que "la introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario".

Por todo ello, desde ACAIP-UGT reclaman "una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica", concluyen.​