Ecologistas en Acción exige a la Junta que cumpla la ley y derribe la isla de Valdecañas

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por la Junta de Extremadura, que pretendía frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que ordena la demolición total la isla de Valdecañas, un complejo turístico construido en una isla del embalse de Valdecañas (Cáceres).

Con esta resolución, que pone fin a casi dos décadas de litigios, la Junta se queda sin vías legales para evitar el derribo de las 185 viviendas, hotel, club náutico, campo de golf y demás infraestructuras levantadas en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.

La organización Ecologistas en Acción, parte demandante desde el inicio, ha exigido a la Junta que “cumpla la ley” y ejecute la demolición de unas instalaciones “que nunca debieron construirse”. El colectivo denuncia que tanto gobiernos del PSOE como del PP han tratado de modificar leyes a la carta –incluyendo la Ley del Suelo y la delimitación de la Red Natura– para dar cobertura a un proyecto reiteradamente declarado ilegal por los tribunales.

El Constitucional respalda así una larga cadena de resoluciones que comenzó en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anuló el decreto que autorizaba el proyecto, pasando por el Supremo en 2014, 2020 y 2022. Incluso informes científicos, como el emitido por la Estación Biológica de Doñana, recomiendan el desmantelamiento completo para garantizar la conservación del entorno.

El coste de la demolición se estima en más de 100 millones de euros, pero Ecologistas recuerda que los propietarios fueron advertidos de la ilegalidad de las viviendas en el momento de la compra y no deberían ser indemnizados.

Para el colectivo, este caso supone “uno de los ejemplos más graves de vulneración de la normativa ambiental en España” y un aviso para futuras tentativas de urbanización en espacios protegidos.