UED-SyT exige el derribo inmediato del complejo urbanístico de Valdecañas en Extremadura

Una Extremadura Digna – Soberanía y Trabajo (UED-SyT) exige el derribo inmediato del complejo urbanístico de Valdecañas y la restitución íntegra de los terrenos a su estado natural, tal y como establece la sentencia firme del Tribunal Constitucional dictada en 2025.

La formación recuerda que la Isla de Valdecañas se encuentra en un espacio natural protegido, integrado en la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). En este enclave, la normativa ambiental vigente prohíbe expresamente cualquier tipo de construcción, pese a lo cual se autorizó un proyecto urbanístico que, según UED-SyT, quebrantó de forma consciente la legalidad y priorizó intereses privados frente a la protección del patrimonio natural común.

Desde la organización señalan que la responsabilidad política es clara desde el origen del proyecto. Recuerdan que en 2007 se aprobó un decreto que declaró Valdecañas como “Proyecto de Interés Regional”, una decisión adoptada por los distintos gobiernos de la Junta de Extremadura que permitió la urbanización en suelo protegido. A juicio de UED-SyT, se trató de una actuación deliberada, tomada con conocimiento de que vulneraba la ley, en un contexto de fuerte especulación urbanística cuyas consecuencias sociales y ambientales aún persisten.

Las denuncias interpuestas por colectivos ecologistas dieron lugar a una sucesión de resoluciones judiciales del Tribunal Supremo en los años 2011, 2014, 2019 y 2022. Todas ellas declararon el proyecto nulo de pleno derecho y ordenaron la reposición de los terrenos a su estado original. La formación subraya que los intentos posteriores de la administración regional para salvar lo construido, mediante modificaciones normativas o recursos judiciales, fueron rechazados de forma reiterada por los tribunales, hasta culminar en la sentencia del Tribunal Constitucional que reafirma la ilegalidad total del complejo urbanístico.

UED-SyT considera incoherente que, tras una sentencia firme, se intente retrasar o evitar su cumplimiento. La organización defiende que el respeto al Estado de derecho se basa en la igualdad ante la ley y no en la concesión de privilegios a quienes disponen de poder económico o influencia política.

Por este motivo, la formación sostiene que los costes económicos derivados del derribo y de la restauración ambiental deben recaer exclusivamente sobre los responsables de la actuación ilegal: los cargos políticos que autorizaron el proyecto, la empresa constructora y los compradores de viviendas en un complejo declarado ilegal. A su juicio, los presupuestos públicos no deben asumir ningún gasto, ya que hacerlo supondría trasladar a la ciudadanía extremeña el coste de una actuación contraria a la legalidad y al medio ambiente.

Desde Una Extremadura Digna – Soberanía y Trabajo insisten en que la ley es clara, que la justicia ya se ha pronunciado y que no existe margen para más dilaciones. La organización concluye que el derribo de Valdecañas debe ejecutarse de manera inmediata como una cuestión de legalidad, defensa del territorio y dignidad institucional de Extremadura.